[dropcap]L[/dropcap]a Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI), que interviene en delitos cometidos contra el PAMI, impulsa a nivel nacional una investigación sobre irregularidades en la provisión de medicamentos para pacientes insulinodependientes obtenidos a través de recetas falsas, y que le provocaron un perjuicio millonario al organismo previsiona.
La maniobra consiste en falsificar recetas y troqueles de los envases de medicamentos para pacientes con diabetes y pedirle al PAMI que pague las prestaciones. Pero al constatar los datos de las personas que figuran como beneficiarios nos dimos cuenta de que muchos de ellos no estaban enfermos o habían muerto‘, señaló en diálogo con Télam, Javier Arzubi Calvo, titular de esta fiscalía.
A fines de 2015, Arzubi recibió una base de datos con información sobre pacientes diabéticos y al entrecruzar información se constaron algunas irregularidades, lo que dio inicio a investigaciones en varias provincias del país.A raíz de la información, la UFI presentó una denuncia en abril del año pasado que detallaba la detección de 1133 casos de afiliados al PAMI que pese a haber fallecido registraban consumos por más de 23 mil unidades de insulina, en un período que comprende entre 2010 y 2015.‘Estamos hablando de una cadena de falsificación que requería la participación de consultorios médicos, farmacias y también de funcionarios del PAMI‘, observó el integrante del Ministerio Público Fiscal.
La Justicia Federal de Quilmes allanó en noviembre pasado más de 29 farmacias y siete Unidades de Gestión Local (UGL) del PAMI, en el marco de esta instrucción. Esas actuaciones revelaron entonces una maniobra por más de 500 mil pesos en Capital Federal y la zona sur del Gran Buenos Aires, pero que se extendía a otras provincias del país. En una primera etapa se constataron falsificaciones en las tiras de reactivos (un dispositivo para medir el nivel de azúcar en la sangre) para pacientes diabéticos, pero desde la UFI PAMI se conjeturaba que la maniobra comprendía además provisiones de insulina facturadas mediante este mecanismo.
Las medidas judiciales siguieron en Mendoza, donde mediante la intervención del fiscal federal Fernando Alcaraz se detectaron irregularidades en la provisión de tiras reactivas por más de 7 millones de pesos y se detuvo a nueve personas que formaban parte de una asociación ilícita que era encabezada por un agente local del PAMI llamado José Godoy. Este imputado era propietario de dos farmacias en la provincia cuyana y lideraba una organización en la que participaban sus padres, su hermano y su esposa, además de cuatro sujetos de su confianza, uno de los cuales era ex empleado de la obra social. ‘El proceder es similar en todos los casos: se falsifica un sello médico, se utiliza un carnet falso y con un talonario de PAMI se obtiene la provisión de un medicamento para un paciente diabético‘, explicó Arzubi Calvo.
En Córdoba, se presentó una denuncia ante la Fiscalía Número 2, a cargo de Gustavo Vidal Lascano, que investiga la utilización de datos de 582 afiliados fallecidos para la puesta en funcionamiento de una maniobra por más de 6 millones de pesos contra el PAMI.Se llevaron a cabo 14 allanamientos en diversas farmacias de la Ciudad de Córdoba durante 2016, y se secuestraron carnets de afiliados, recetarios, sellos médicos, troqueles de medicamentos sueltos y listados con nombres de beneficiarios de la obra social. Más al norte, en Santiago del Estero, con una mecánica muy parecida se gestó una operatoria por un millón 500 mil pesos, y la Justicia procesó a 13 personas tras llevar a cabo allanamientos en 18 farmacias.
En el marco de estas investigaciones, se llevaron a cabo en los últimos meses actuaciones y allanamientos en el interior bonaerense, Misiones, Corrientes, Tucumán y La Rioja. ‘Lo que intentamos determinar en esta etapa es si había una organización nacional que coordinaba estas adulteraciones. En Mendoza, accedimos a un listado de más de 100 afiliados de PAMI que eran recetados por médicos de Córdoba. Sin embargo, cuando les preguntábamos a los beneficiarios nos decían que no se habían atendido en otra provincia‘, contó el fiscal.
