La Defensoría de la Tercera Edad pidió a la Justicia que garantice el piso de 11,56% de incremento previsto por la ley de movilidad suspendida.
La Defensoría de la Tercera edad presentó este viernes un amparo colectivo para pedir la inconstitucionalidad del decreto de movilidad jubilatoria que publicó días atrás el Gobierno y que otorgó un incremento de 2,3% más una suma fija de 1500 pesos a todos los jubilados y pensionados que cobran haberes de la Anses.
La demanda, a la que accedió TN.com.ar, solicitó a la justicia previsional que se reconozca, como mínimo, el 11,56% de incremento que se preveía en la ley de movilidad jubilatoria que el Congreso suspendió en diciembre, de acuerdo a la evolución de la inflación y los salarios del tercer trimestre de 2019.
El reclamo colectivo cuenta con unos 7000 casos particulares, según la Defensoría. El caso testigo es el de Silvia Lezaun. La jubilada tiene el patrocinio de los abogados Alejandro Gil Domínguez y Adrián Tróccoli, además del defensor Eugenio Semino.
“El principal objetivo de esta acción es acercarle el acceso a la justicia a aquellos que no lo tienen. Es una acción limitada y no deja de lado cualquier otra acción individual que se lleve adelante”, dijo Tróccoli.
El aumento de suma fija y el 2,3%, “con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta conculca el principio de progresividad y no regresividad del derecho fundamental y humano a la seguridad social respecto de la movilidad de las prestaciones jubilatorias”, argumentaron los abogados en el escrito presentado ante la Justicia.
“La progresividad-no regresividad impone la obligación de avanzar por parte del Estado en la mejora permanente del disfrute de los derechos y en la abstención deliberada de adoptar medidas deliberadamente regresivas”, sigue el escrito. “Esto sucede cuando el Estado revoca o suspende cualquier legislación vigente que sea necesaria para poder disfrutar de un derecho fundamental o un derecho humano”, añade.
“Otorgar sumas fijas iguales para todos significa que, cuanto mayor sea el haber, menor sea el porcentaje del aumento, lo cual se contradice con la estructura constituvencional del sistema previsional contributivo argentino y con el propio concepto de jubilación”, se lee.
El incremento de suma fija y un pequeño porcentaje redundó en un achatamiento de la pirámide de ingresos. Quienes ganan la mínima obtuvieron un incremento del 13% y los haberes de hasta $16.200 recibieron incrementos mayores o iguales al 11,56% que marcaba la ley suspendida. Pero a partir de ese ingreso, el aumento fue proporcionalmente menor. El titular del haber máximo de Anses, del orden de los 103.000 pesos, recibió una suba de 3,75 por ciento.
