[dropcap]E[/dropcap]l pasado miércoles 4 de mayo a través de la resolución 005, Inspección General de Personas Jurídicas designó una comisión normalizadora en el Centro de Jubilados de la Provincia. A partir de allí se suscitaron fuertes cruces con la conducción desplazada que sumaron en las últimas horas un nuevo capítulo judicial.
El viernes los normalizadores efectuaron una denuncia penal contra María Mercedes Solís de Zambrano, por “usurpación de cargo” en la Fiscalía de Instrucción Nº6 a cargo de Gustavo Robineau. “Hicieron desaparecer las llaves de las oficinas, de la camioneta y tampoco nos quiso entregar los libros de actas y balances”, dijo a época la presidente designada, Elsa Díaz de Ferreyra.
“Es mentira que queremos quedarnos para siempre, es un ambiente muy conflictivo plagado de irregularidades, tenemos 60 días pero nos quedaremos el tiempo que sea necesario para garantizar elecciones limpias y la participación de todas las listas”, detalló.
La Comisión Normalizadora, que se completa con Arturo Matta y Alicia Artieda, dio a conocer un comunicado en el que busca “transmitir tranquilidad a los socios de la institución y a la sociedad”, adelantaron que pedirán al Instituto de Previsión Social (IPS) detalles de los juicios llevados adelante por la ex presidente y sus abogados.
En otro tramo señalaron que avanzarán con una “auditoría contable para conocer las finanzas y una exhaustiva investigación sobre las donaciones de inmuebles que recibió la institución”.
La determinación de la Provincia es objeto de duras críticas por parte de la suspendida presidente de la institución, quien asoció la medida a una “estrategia diseñada por un pequeño grupo del entorno del Gobernador”.
Díaz de Ferreyra negó las acusaciones mediáticas: “No tengo trato con el Gobernador, hace un año no me reúno con él, de hecho en las últimas elecciones trabajé en la campaña en la lista contraria a ECO”, expresó. Al mismo tiempo aclaró “no somos una intervención porque sino eso hubiera sido a través de un decreto, fue por resolución de Personas Jurídicas”. Ante la negativa de Zambrano a retirarse aún con la presencia del titular del organismo, Juan Carlos Noya, se recurrió a una intimación por parte de autoridades del Ministerio de Gobierno y se dispuso un operativo policial.
Las nuevas autoridades garantizaron el cumplimiento de todos los servicios que brinda el Centro de Jubilados, la disposición del camping en el Perichón y adelantaron que en los próximos días van a reunirse con las delegaciones del interior.
Fuente: Diario época
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