[dropcap]M[/dropcap]ás de 400 mil jubilados con sentencia firme en favor del reajuste de sus haberes, o que iniciaron reclamos en los tribunales, están en condiciones de firmar acuerdos con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en el último cuatrimestre, lo que les permitirá cobrar con un aumento de 45% promedio y comenzar a percibir retroactivos, afirmó el titular del organismo, Emilio Basavilbaso.
“Con la implementación de la Ley de Reparación Histórica, nuestro objetivo es celebrar más de 400.000 acuerdos para el pago de sentencias de juicios previsionales en 4 meses, sobre un total de 2,4 millones de jubilados que serán beneficiados”, dijo Basavilbaso en una conferencia de prensa.
“El de los juicios de los jubilados es un tema pendiente de hace más de 20 años y ahora se empieza a resolver, con prioridad para los mayores de 80 y todos los que tengan enfermedad grave”, agregó Basavilbaso al referirse a la norma sancionada el miércoles por el Congreso nacional.
El funcionario recordó que hasta ahora, en el mejor año se pagaron 30.000 juicios, y resaltó que el presidente de la Nación firmó un decreto por el cual la Administración Nacional de la Seguridad dejará, a partir del día de la fecha, de apelar las sentencias de la Justicia favorables al reajuste de haberes jubilatorios.
“Se deja de patear para adelante los juicios, se enfrenta el problema y se pagan las sentencias”, resumió el titular de la Anses, para luego precisar que el promedio de jubilaciones pasará de 10.000 a 14.500 pesos.
Basavilbaso aclaró que a aquellos que hicieron juicio y no tienen aún sentencia firme se les acomodará su jubilación hacia adelante con 40% de aumento, a la vez que se pagarán las retroactividades por cuatro años.
“Los que no hicieron juicio por asimetrías en la información, o por no contar con los recursos para contratar un abogado, también serán incluidos en el programa porque les corresponde le derecho”, agregó. El funcionario estimó que el total de los tres grupos es de 2,4 millones de jubilados de todo el país.
Aclaró luego que el pago se hará con recursos que provengan del blanqueo de capitales, que tendrán una afectación específica, y con la ganancia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que es “el más grande del país”.
“El fondo va a ser para los jubilados, cuando antes se utilizaba para pagar distintos programas de gobierno que nada tenían que ver con los jubilados”, dijo Basavilbaso.
Explicó luego que la pensión universal a la vejez consiste en “un piso mínimo de protección para todo los adultos mayores, equivalente a 80% de la mínima”. “Existía una pensión universal a partir de los 70 años, pero por un valor menor; ahora, será a los 65 años, tanto para los que aportaron como para los que no pudieron, considerando que hay un 40% de trabajo informal”, agregó.
El director de la Anses precisó que “desde el 1° de septiembre los jubilados incluidos en la ley podrán dar vía Internet el conforme para el acuerdo, y a partir de ese momento se transfiere a la Justicia y se paga correctamente”.
Basavilbaso destacó que la ley aprobada también incluye el acuerdo con las provincias por el cual la Anses percibía un 15% de coparticipación de impuestos, con lo cual “se establecen bases para un país más federal”. Consideró, por último, que no habrá un desfinanciamiento de la Anses, porque lo que deja de percibir, y va a las provincias, lo va a financiar el Tesoro.
En áreas del Ministerio de Hacienda de la Nación, se estima que a partir de la promulgación y reglamentación de la Ley para la Reparación Histórica con los Jubilados -que logró en la noche del miércoles sanción completa en el Senado de la Nación- se podrán estar resolviendo en promedio unos 100.000 casos por mes.
Las cuentas oficiales indican que “está garantizado que este año se paga a los jubilados con el sinceramiento” fiscal en función de los ingresos que espera obtener para el Estado.
Si el sinceramiento fiscal permite el retorno a la economía formal de aproximadamente u$s 20 mil millones, los ingresos fiscales que generará el blanqueo de capitales no declarados permitirá cubrir los costos de la solución definitiva para los juicios aún abierto por jubilados y pensionados que se han sentido perjudicados por el tratamiento dilatorio de las causas en el campo de la Justicia o de la Administración nacional.
