El Centro de Jubilados de la Provincia de Corrientes atraviesa hace varios años un proceso de ‘’supuesta’’ normalización que no tiene fin. Por ello, afiliados a la Asociación Civil reclaman el cese de la intervención y el urgente llamado a elecciones.
‘’Venimos con esta intervención desde el año 2016 y se lleva nueve decretos de renovación de la actual intervención. Por supuesto estamos muy preocupados porque estamos en presencia – Dios no quiera del décimo en cinco años -, lo que parece una cosa de manera automática’’, expresó Justo Franco ante los micrófonos de Vivir Plenamente.
Son cada vez más afiliados que se suman al reclamo por la normalización de la institución que reúne gran cantidad de jubilados en la Capital más la representatividad de 20 delegaciones del interior ‘’que merecen ser respetadas’’ agregó.
‘’Dada esta situación de no tener de no terminar nunca, es que nosotros recurrimos a un Estudio Jurídico. Hemos agotado todas las instancias, hemos pedido audiencia al Señor Gobernador, nos hemos reunido con el doctor Noya de Personas Jurídicas entre otras personas más. Jamás hemos podido llevar al Señor Gobernador. Es la parte que me preocupa muchísimo porque no quiero pensar que los adultos mayores somos personas descartables’’.
En declaraciones a medios periodísticos locales, Ana María Maciel expresó: ‘’reclamamos que no se renueve la intervención. Hay serias irregularidades en la administración a cargo de Julia Fernández, que tras cinco años de gestión dejó abandonadas a las filiales del interior al punto que no prestan más servicios”.
‘’La verdad, es que no se nos respeta, no se nos tiene en cuenta, no se no se escucha. Es una violación a los derechos de los adultos mayores, violación a los jubilados provinciales, violación al estatuto que tiene plena vigencia, violación al propio decreto del Poder Ejecutivo, violación a las 20 delegaciones del interior que hay que respetarlas’’, enfatizó Justo Franco.
‘’Esta institución no depende del Poder Ejecutivo. Es privada, nuestra, autosustentable. La construimos y la sostenemos con nuestros aportes de jubilados y debe ser gobernada por los órganos sociales legalmente constituidos. Nos preocupa muchísimo que nunca hemos llegado a la instancia de elecciones’’.
Conducción irregular del Centro de Jubilados
A pesar de las denuncias hechas en el órgano de contralor de Inspección General de Personas Jurídicas y los reclamos al gobernador Gustavo Valdés no se ha logrado respuestas positivas ante el pedido de remoción de la interventora actual.
Afiliados a la institución informan que no hay presentación de balances, no tuvimos acceso a información y echó a unos 20 empleados de los cuales muchos iniciaron juicios laborales.
Entre los despedidos están “kinesiólogos, administrativos”. Un caso que preocupa es de una farmacéutica “que ganó el juicio y le deben aproximadamente dos millones de pesos; el grado de irresponsabilidad es tan grande que de seguir así, la institución va a quedar desfinanciada”.
Además, en septiembre del 2019, se enviaron notas dirigidas al Ministerio de Desarrollo Social y, en paralelo, la situación de intervención fue expuesta en el Encuentro Nacional de Adultos Mayores realizado en Santa Fe.
¿Hasta cuando seguirá esta situación?
