El Ejecutivo provincial dispuso una prórroga por 180 días de la intervención del Centro de Jubilados y Pensionados de la Provincia de Corrientes, que está en esa situación desde mayo de 2016. Destacan avances en normalización de la entidad, aunque se requiere tiempo para alcanzar las metas para llamar a elecciones, señalan.
La intervención del Centro de Jubilados y Pensionados de la Provincia de Corrientes, fue establecida por Decreto N° 2.598/2016, por irregularidades en la conducción a cargo.
Dicha intervención fue dictada por el plazo de 2 meses, pero luego tuvo sucesivas prórrogas.
A finales del año pasado se había planteado la posibilidad de lograr una convocatoria en un plazo de 90 días.
Sin embargo, recientemente se conoció un nuevo decreto del Ejecutivo provincial, Nº3059/19, por el cual el gobernador Gustavo Valdés extendió por 180 días más la intervención de la principal entidad de los pasivos de la provincia.
Además, se dispuso la continuidad en el cargo de Interventora del Centro de Jubilados y Pensionados de la Provincia de Corrientes, Julia Isabel Fernández.
En los fundamentos del decreto de prórroga se hace referencia a la situación irregular en que se encontraba la institución tanto a nivel de prestación de servicios como así también económico financiero, ofreciendo un detalle pormenorizado de la situación y las acciones que se están desarrollando a efectos de regularizar la situación integral del Centro.
Se indica que con el objetivo de normalizar la institución continúa desarrollando estrategias y técnicas administrativas que permitan equilibrar y desarrollar las actividades en forma normal, habitual y necesaria para la sustentabilidad en el tiempo, con el objetivo prioritario de instaurar nuevamente el basamento adecuado para la continuidad de la institución.
Se considera que durante la intervención se logró la regularización de los pagos; se incrementó el número de socios; se logró una mejora sustancial de los servicios y la reactivación de las delegaciones cerradas con anterioridad; se optimizó el funcionamiento de la administración, mediante una profunda reorganización y modernización lo que permite celeridad y eficiencia en la respuesta a las demandas prestacionales de los socios, se continúa trabajando en la mejora edilicia y restauración de los 24 baños del hotel.
También manifiesta la interventora que se está perfeccionando el sitio web, a efectos de aportar transparencia a los movimientos financieros, económicos y de gestión. Hace también referencia a actuaciones que tramitan ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y ante el Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio.
Hace mención a la existencia de juicios y embargos que deben afrontarse, puesto que lo contrario haría peligrar el pago de los salarios del personal que presta servicios en el centro.
“Situaciones como las descriptas constituyen causas que retrasan la normalización institucional, que a la fecha demandarían el desembolso de $ 500.000 (pesos quinientos mil) aproximadamente” se explica en el decreto.
Acotan que la intervención se abocó a la normalización del Centro, logrando la regularización de los pagos a proveedores, incrementos en el número de asociados, regularidad en el cobro de las cuotas sociales, mejora considerable en los servicios, reapertura de delegaciones del interior, total transparencia en la gestión, entre otras.
En ese sentido, en el decreto de prórroga de la intervención, en el artículo Nº3 se establece que la interventora Julia Isabel Fernández deberá, en el término de sesenta (60) días, producir un informe sobre el estado económico, financiero e institucional del Centro, y en el plazo de noventa (90) días convocar a la Asamblea General de Asociados para la conformación de las autoridades definitivas, bajo apercibimiento de remoción.
