irta tiene 66 años y el domingo 11 de agosto pudo ir a votar en las PASO gracias a una acción que se llevó a cabo en el Hospital Moyano de la ciudad de Buenos Aires, impulsada por Soledad Fernández Mele, Perla Goizueta y Adelina Navarro Lahitte, defensoras públicas.
La emoción por tener la posibilidad de ejercer su derecho a voto, como otras de las mujeres del Moyano cuyas sentencias las habilitan para participar de los comicios, se reflejó en su sonrisa desde que se subió a la combi que la llevó hasta el lugar. En el mismo grupo estaba Juana, de 19 años, que votaba por primera vez.
Muchas de las personas alojadas hace tiempo en los neuropsiquiátricos por motivos sociales o de vivienda no llegan a los centros de votación. Como no están acostumbradas a salir, pierden la posibilidad de ejercer sus derechos solamente por los años de institucionalización que tienen encima. Navarro Lahitte cuenta que las mujeres estaban fascinadas, porque como ciudadanas que votan se empoderaron y esto le da la posibilidad de peticionar a las autoridades y reclamar, porque ellas las eligieron.
Según el Primer Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental, solo el 12,4% de las personas internadas en los hospitales monovalentes tienen acceso a su DNI, y esto atenta fuertemente con el derecho a ejercer el voto en aquellos casos en que estén habilitados.
Recurrir a la Justicia
En julio de 2016, La Nación contó la historia de Hugo Pérez: en ese momento tenía 55 años y desde hacía ocho vivía en el Hospital Neuropsiquiátrico Colonia Domingo Cabred, en Open Door. En 2008, fue internado tras sufrir una descompensación por haber dejado de tomar la medicación que necesitaba por su trastorno de salud mental. A los pocos meses, le dieron el alta, pero por la falta de apoyos necesarios, no estaban dadas las condiciones para que volviese a su casa. Hoy, Hugo sigue internado.
Las defensoras públicas Soledad Fernández Mele y Adelina Navarro Lahitte llevan su caso. En 2014, denunciaron a los ministerios de Salud de la Nación y CABA para que provean a Hugo de los dispositivos alternativos de atención previstos en la ley de salud mental. Aunque en 2015 la Justicia falló a su favor en primera y segunda instancia, la sentencia continúa sin cumplirse. “Este año, en junio logramos una multa diaria de 50.000 pesos para la Agencia Nacional de Discapacidad. Además, luego de diez años conseguimos que en una sucesión familiar le adjudicaran un departamento”, cuenta Navarro Lahitte. “Ahora, lo que buscamos es que, con esa multa, se le instale el dispositivo de salud mental en su domicilio, lo cual además le abarataría muchísimo los costos al Estado”.
En estos años desde la sanción de la ley, ONG y defensorías impulsaron acciones como la de Hugo. La gran mayoría fueron amparos judiciales. “El apalancamiento en lo judicial debería ser la última opción o no ser la manera. Que la implementación de la ley se logre a través de instancias judiciales es lo menos económico para cualquier Estado”, advierte Paz desde el CELS.
Martín Nemirovsky, de Proyecto Suma, opina que la judicialización de la salud no es solo un problema de la Argentina, pero “tener un sistema de salud fragmentado, superpuesto, con intereses disímiles como el nuestro lleva a que los que tienen acceso a la salud terminan siendo la gente más educada y con mejores medios, que puede llegar a una abogado para pedir un amparo”.
Un ejemplo de acción colectiva fue la llevada a cabo en el Hospital Melchor Romero de La Plata por el CELS y dos organizaciones más, a partir de la cual la provincia de Buenos Aires se comprometió judicialmente a reasignar 23.000.000 de pesos del presupuesto aprobado para 2019 y destinarlos a un plan de externación sustentable para 40 personas, el alquiler de 12 viviendas y la construcción de 10 más en el predio del hospital a través del Instituto Provincial de la Vivienda, y la gestión de dos nuevos dispositivos comunitarios de atención en salud mental en la ciudad de La Plata.
“Este amparo colectivo fue para nosotros clave, lo pensamos como un litigio estratégico porque el fondo de esa demanda es que se implemente la ley. Sostenemos que de 418 personas que hay hoy en Melchor Romero, el 90% está en condiciones de ser externadas. Desde una perspectiva de derechos, constituyen privaciones ilegítimas de la libertad. Todas, con algunas mínimas excepciones, deben ser externadas con diferente grado de apoyo”, expresa Macarena Sabin Paz, coordinadora del área de Salud Mental del CELS.
