[dropcap]P[/dropcap]ese a tener una legislación nacional que protege a las personas mayores, en la práctica, muchos desconocen sus derechos, el acceso a las prestaciones es difícil debido a trabas burocráticas y las familias quedan solas produciéndose un desgaste que puede derivar en situaciones de violencia.
Así lo aseguró la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, en la apertura del Congreso Internacional “Descarte vs. Inclusión, hacia la resignificación del adulto mayor”.
“Si bien Argentina tiene leyes muy progresistas, en la práctica esto no pasa. Las familias quedan solas con las personas mayores, sin saber dónde pedir ayuda, ni qué derechos tienen. Esto va generando la exclusión del adulto mayor y el agotamiento de los cuidadores, lo que a la vez genera violencia psicológica e incluso física”, sostuvo Martínez en el Congreso que se realizó en la Legislatura porteña.
Y continuó: “Doy un ejemplo clásico, si una persona se tiene que operar y el médico le dice que sólo la opera con la prótesis ‘X’ va a su obra social y allí le dicen que ellos cubren sólo la ‘Z’. La persona viene a vernos a la Defensoría, nosotros mandamos un oficio y en el 99 por ciento de los casos la respuesta es favorable, pero, ¿Qué pasa con la angustia que la persona pasó en el medio?¿Qué pasa si no sabía que podía venir a pedir ayuda legal?”.
Desde la experiencia en la Defensoría, donde se creó un programa especializado en salud, discapacidad y adultos mayores para dar apoyo a los defensores en materia de jurisprudencia y a la vez pensar soluciones creativas para los problemas, Martínez relató otro ejemplo: el de la sepultura de los y las cónyuges de los titulares de las obras sociales en Rosario.
“Hubo un periodo en el que las obras sociales se negaban a pagar la sepultura de las o los cónyuges de los titulares de las obras sociales, entonces tenían que venir a la Defensoría para que se hiciera un amparo y el juez ordenara que se cubriera. Cosas como estas pasan todos los días”, describió.
Para la funcionaria “el cambio implica salir de una cultura de exclusión y el Estado tiene un rol fundamental. No vamos a poder aprovechar la riqueza de las personas mayores si no estamos más sensibilizados y más capacitados y entendamos que el adulto mayor no es un ‘problema’ de la familia, sino un tema de toda la sociedad”.
En el mismo sentido, la responsable de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores (DINAPAM), Susana Rubinstein, afirmó que “el Estado debe comprometerse” y adelantó que “existe un amplio consenso para darle rango constitucional a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores antes de fin de año o a principios del año próximo”.
La Convención es un acuerdo suscrito por los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) cuya adhesión tiene carácter vinculante, es decir, a partir de que un país la firma y le da rango constitucional debe comenzar a implementar los dispositivos para ajustarse a los derechos que garantiza.
“Existen muchas cosas que debemos ajustar, por ejemplo, para poder darle un cuidador a una persona mayor hoy tenemos que ‘discapacitarla’, es decir, hacerla tramitar el certificado de discapacidad. La firma de la Convención será una herramienta que nos obligara como Estado a comprometernos para que estas cosas cambien”, sostuvo.
La funcionaria de la DINAPAM, que depende de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) del Ministerio de Desarrollo Social, remarcó además la necesidad de combatir el “viejismo”, o el prejuicio hacia las personas mayores, e indicó que “existen imágenes que la sociedad y los medios de comunicación alimentan que presentan al adulto como un ser perdido, con deterioro, como el personaje de (Antonio) Gasalla, ‘Mamá Cora’, que encima es visto como gracioso”.
En la apertura del Congreso, organizado por el Centro para el Estudio de las Relaciones Interpersonales (CERI) del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, también estuvo presente el director de ANSES, Emilio Basavilbaso, quien realizó un recuento de las políticas del organismo y del Gobierno nacional como la Ley de Reparación Histórica -por la cual se va a reajustar el ingreso de más de dos millones de jubilados, al tiempo que se le pagara un retroactivo a aquellos que habían iniciado juicio- y la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM).
El directivo informó que “estamos llegando ya a los 500 mil reajustes del haber a los jubilados de más de 80 años o con problemas graves de salud que fueron la prioridad”.
No obstante, el titular de ANSES, reconoció que “persisten formas de maltrato como por ejemplo todavía vemos jubilados que hacen una hora de cola para informarse o cobrar y esto lo tenemos que modificar”.
En Argentina casi el 15 por ciento de la población tiene más de 60 años; de estos, el 93 por ciento se encuentra jubilado o pensionado.
Finalmente, Basavilbaso señaló que “cuando alguien me pregunta si hay que aumentar la edad jubilatoria yo respondo que lo que hay que hacer es aumentar el empleo en blanco porque, de esa manera, tenemos dos beneficios: por un lado se aporta al sistema previsional y por el otro, se mejora la situación del trabajador”.
Durante el Congreso, reconocidos psicólogos, psiquiatras, filósofos, médicos, abogados y orientadores familiares disertaron sobre cómo contribuir a la resignificación del rol del adulto mayor en la sociedad.
