Las jubilaciones y pensiones del sistema previsional que gestiona la Anses tendrán en marzo un incremento de suma fija, aunque en el Gobierno ahora estudian la posibilidad de que también haya una parte de la recomposición definida como un porcentaje. De esta manera, habría una combinación de ambas modalidades (una cantidad determinada de pesos más un índice porcentual, todo definido de manera discrecional), que se aplicaría al menos a un conjunto de casos, con el objetivo de aliviar la pérdida de poder adquisitivo que sufrirían quienes cobran haberes “medios bajos y medios”. Los jubilados de ingresos más bajos son quienes percibirán los incrementos más elevados y, así, se provocará un achatamiento de la pirámide de ingresos, algo que había ocurrido en la década pasada.
Desde el Gobierno, tres fuentes de diferentes dependencias le dijeron a LA NACION que todavía no está definido cuál es el monto total de recursos que se asignarán a la recomposición de los haberes previsionales.
Días atrás, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dijo que la fórmula aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri era “impagable”. Y agregó: “No voy a congelar las jubilaciones, pero pusieron una fórmula de imposible cumplimiento”, en relación al gasto que iba a representar cumplir este año con la modalidad de actualizaciones que quedó suspendida por un artículo de la ley de emergencia.
Esa misma normativa, votada por el Congreso a fines de 2019, le da al Poder Ejecutivo la facultad de aumentar trimestralmente y de manera discrecional los haberes durante los 180 días que dura la suspensión. Es una medida que fue leída de manera favorable a los intereses de inversores y acreedores del Estado, al interpretarse como una señal de que se busca aliviar el nivel de suba del gasto público y lograr un mejor resultado fiscal.
Funcionarios del Gobierno señalan que, seguramente, el haber mínimo tendrá un aumento superior al que habría correspondido en caso de haber continuado la fórmula de movilidad. De no estar suspendido ese mecanismo, en marzo debería haber una suba de 11,6% para la totalidad de los jubilados y pensionados, lo cual llevaría el ingreso mínimo a $15.700 y el máximo, a $115.020.
Para el haber mínimo, eso habría significado un aumento de $1632. Por lo dicho ahora por funcionarios del Gobierno, la cifra será superior para esos casos (y, muy probablemente, también para quienes ganan un poco más que el ingreso mínimo). Eso ayudará a compensar la pérdida de poder adquisitivo de los últimos dos años, un efecto que no ocurrirá, sin embargo, para quienes perciben ingresos medios y medios altos.
En 2019, por la modalidad de actualizaciones de la ley 27.426, ahora suspendida, las prestaciones previsionales tuvieron una suba nominal acumulada de 51,1%. Como la inflación del año fue de 53,8%, según informó el Indec, hubo entonces una caída del poder de compra de los haberes de 2%. En 2018, el primer año de la aplicación de la fórmula de movilidad reformada, la brecha entre la trepada de los precios y la suba de las jubilaciones había sido mucho más amplia, y la pérdida del valor adquisitivo había llegado a 13%. Eso afectó a la totalidad de las prestaciones, aunque ahora las recomposiciones se darán de manera diferenciada según rangos de ingresos.
Para este año, si la inflación tendiera a la baja, se esperaba una evolución positiva de los haberes en términos reales, porque el cálculo previsto por la ley aprobada a fines de 2017 preveía ajustes en función de la inflación (y en menor medida, también en función de la variación de salarios) de seis meses atrás. Las proyecciones de inflación más recientes para este trimestre, de todas formas, indican que los precios subirían en un nivel no muy lejano al 11,6% que estaba previsto para marzo. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central sobre la base de consultas a más de 60 centros de estudios económicos, indica que los precios subirían 10,7% entre el primero y el tercer mes de este año.
En los despachos oficiales saben que la decisión de dar incrementos de manera segmentada, tras quedar suspendida la vigencia de una ley que disponía recomposiciones para todos por igual, provocaría reclamos judiciales por parte de quienes se vean afectados. Sobre todo, porque la estrategia se da en un contexto de caída de poder adquisitivo. Y porque, en la década pasada, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la política que rigió entre 2002 y 2006, cuando solamente se aumentaban las jubilaciones más bajas, al tiempo que las demás iban acumulando pérdidas de poder de compra (esa estrategia fue una de las claves por las cuales el gobierno de Néstor Kirchner llegó al superávit fiscal).
Luego del fallo Badaro, referido a ese tema, se produjo un número récord de reclamos judiciales contra el Estado por parte de jubilados, muchos de los cuales fueron afectados en esos años, además, por el mal cálculo del haber inicial (una cuestión en la cual también el tribunal supremo les dio la razón a los pasivos).
Aquellas medidas de segmentación del universo de jubilados para otorgar recomposiciones más las moratorias habían llevado a un fuerte achatamiento de la pirámide de ingresos. En los últimos años, por el menor otorgamiento de prestaciones vía moratorias (y el reemplazo de esa política por la PUAM, un beneficio no contributivo) y también por el pago de sentencias y el plan de reparación histórica, ese efecto tuvo una reversión. Hoy, el cuadro de jubilados según monto de ingresos indica que el 49% recibe la mínima; son alrededor de 2,8 millones de personas y la mayoría accedió al cobro tras ingresar en una moratoria.
