Elsa Díaz de Ferreyra y Nélida Spagnolo de Matta, se refirieron a la intervención del Centro de Jubilados Provinciales, a cargo de la contadora Julia Fernández, que ha dilatado el llamado a elecciones. Han presentado una nota al gobernador Gustavo Valdés para pedir que se realice el acto democrático, a dos años del inicio del proceso de normalización.
Ferreyra, quien en su momento presidió una Junta Normalizadora del Centro tras la salida María de las Mercedes Solís de Zambrano, nombrada la junta por Personería Jurídica, comentó a Vivir Plenamente respecto al llamado a elecciones que, “en realidad, muchas novedades no hay, porque todo es absolutamente un secreto lo que sucede en el Centro”, recordando que intentó hablar con la interventora y que “nuestras conversaciones han terminado mal, a raíz de preguntarle cuándo va a haber elecciones”. Explicó que una junta normalizadora o un interventor están para normalizar y luego llamar a elecciones, por lo que “justamente ese es el trabajo que debe hacer y para eso está”.
“En una oportunidad, durante un lanzamiento de la SUBE en el IPS, le pregunté -a Julia Fernández-, personalmente cuándo iba a llamar a elecciones porque es suficiente el tiempo que estaba ahí, y me contestó que, mientras no le dieran un trabajo ella no se iba a ir de ahí. A esto, le respondí que lo que ella estaba haciendo era un carga pública y que debía ordenar el llamado a elecciones e irse, como cualquier lo debe hacer”, recordó.
Además, agregó que “no es una intervención de un ente del Estado, es una intervención a un centro de jubilados privado, podríamos decir, porque que se mantiene con lo que nosotros pagamos; entonces visto y considerando que no quiere irse, o no piensa irse, hicimos una nota, con más de 200 firmas de los jubilados, y se le envió al entonces saliente Gobernador, Dr. Ricardo Colombi y al entrante, Dr. Gustavo Valdés”.
“También hicimos otra nota, de otro tenor lógicamente, donde ya explicábamos los artículos, por los que ella estaba y por los que debía irse, también con muchas firmas, pero nunca fueron contestadas. Ahora Fernández cuenta con una nueva prorroga, no sé bajo que argumento le están dando, porque ya no es necesario”, advirtió.
En este marco, reclamó que con seis meses de intervención era suficiente para normalizar la institución y que esto es “lo que quieren los miles y miles de afiliados porque lógicamente tiene que normalizarse, lógicamente no está normalizado mientras haya una intervención”.
Cabe destacar que, la última vez que fue consultada por este medio respecto a si existía novedades respecto al llamado a elecciones, contestó que a causa de su accidente, las gestiones se habían atrasado, pero seguía en pie la intención de la convocatoria electoral.
En este contexto, Ferreyra apuntó, “el accidente lo tuvo hace más de un año, por lo que es tiempo más que suficiente para haber ordenado el llamado, no es que el accidente venga a interponerse en el trabajo y acortar lo que se está haciendo, ya se debería haber hecho en su momento”. Según lo previsto, el llamado a elecciones debía llamarse para el mes de octubre próximo, “que ya no se realizarán lógicamente porque se requieren tres meses de antelación; así que este año no se va a llamar a elecciones y tiene una nueva prorroga de la intervención que no sé hasta cuándo se extenderá”, dijo teniendo presente que la intervención tiene una vigencia de 2 años.
Por su parte, una de las socias del centro, en este caso Nélida indicó que el malestar en los miembros es general, “nos sentimos discriminados totalmente, porque primero que no hay acceso a ella, y si uno la encara con algún tema relacionado a elecciones, con más razón, menos”. “Nosotras fuimos marginadas, fuimos las primeras que le encaramos el tema sobre el llamado a elecciones”, aseguró.
Recalcó que después del reclamo a la interventora, “directamente se cerró el diálogo porque no quiere hacer el llamado a elecciones”. Acusaron que la funcionaria “dice que hasta que le den otro trabajo no va a dejar la intervención”, insistió Ferreyra.
“Yo no entiendo cuando ella dice que me den otro trabajo (Julia Fernández), porque este no es un trabajo remunerado porque sí, esta es una carga pública, la tuve yo también y por supuesto no cobré ni 5 centavos porque es una carga pública, me nombraron, lo hice, después ya sabemos que vino la instancia judicial y se nombró otra interventora, pero no para que se quedara eternamente”, explicó “Ella tiene que irse y no se trata de conseguirle otro trabajo, en todo caso que se consiga ella su trabajo. Ella ya cumplió con su función tiene que irse, nosotros queremos elecciones estamos preparados para esa elección pero cada vez que está por llega el momento, ella consigue otra prorroga y seguimos esperando”.
En cuanto a las acciones posibles, para lograr la normalización del centro serían, según el punto de vista de Ferreyra y a la que remarcó que no quieren llegar por lo que están dilatando el tiempo esperando que se termine esta prorroga es “iniciar acciones judiciales”. “Sería lamentable, otra vez el Centro de Jubilados con un tema judicial”.
Y definió, “Esto no es agradable, no hace bien al centro, ni a los afiliados, vamos a aguantar todo el tiempo que sea posible para no tener que hacerlo”, por lo que según lo dicho agurdarán los seis nuevos meses que le fueron habilitados a la intervención.
Nélida expuso además, “Hay mucha preocupación en los socios, recordemos que hubo un accidente, una muerte y nunca se informó. Ahora hay una camioneta nueva, los socios no sabemos cómo se adquirió eso. Hay juicios laborales de personal despedido en la intervención y todo esto es costo para el centro”.
Y prosiguió, “desconocemos la situación de los familiares de la persona que falleció, no sabemos si han accionado judicialmente. Hemos escuchado que un hijo en Buenos Aires está llevando adelante acciones legales, pero no lo sabemos con certeza, solo son comentarios. Lo que sí podemos decir, porque lo tengo en mis manos es la denuncia de una de las ex empleadas del centro y lo que solicita el abogado son 2 millones de pesos. Esta suma para el centro, significa tener que empezar a vender los muebles”, graficó Ferreyra señalando que en esta y dos casos ha sido citada por la justicia como testigo, sosteniendo “la situación es realmente grave”.
“Nosotros que estamos hace mucho tiempo como socios del centro, estamos viendo que las direcciones de este centro siempre generan preocupación”, lamentó.
DELEGACIONES DEL INTERIOR
Nélida comentó que, “las delegaciones del interior están preocupadas, quieren saber también la situación financiera del centro”. La preocupación también está dada en la bajada de la coparticipación del IPS al centro, que a partir de esto es destinado un porcentaje para las sedes. “Es cierto, hay delegaciones a las que no les llega la coparticipación o les llega la mitad. O a algunas les recortó -Fernández- el dinero enviado porque decía que era demasiado”. “No es que sea demasiado, el dinero que se envía a las delegaciones se envía en porcentaje en función a la cantidad de socios que se tienen”, aclaró Ferreyra.
Inicialmente son dos las listas las que estarían preparadas para el llamado a elecciones para el Centro de Jubilados. “Queremos decirle a los afiliados que se queden tranquilos porque estamos trabajando para que haya llamado a elecciones”, aseguró por las frecuentes consultas de los socios preocupados por la situación.
