Justo Franco, miembro de la Junta Promotora del Consejo Provincial del Adulto Mayor y candidato a presidir el Centro de Jubilados y Pensionados de la Provincia de Corrientes, reiteró el reclamo por la normalización de la institución. Denunció graves irregularidades, ocultamiento de información y presiones a trabajadores del organismo por parte de la contadora Julia Fernández.
Franco señaló que “evidentemente esta señora no está dispuesta a llamar a elecciones, a pesar de que hay muchos decretos que le piden”, citando incluso “el último, donde daba órdenes de llamar en enero a la asamblea para que se vote en abril”. Agregó que “hay cosas preocupantes, yo hasta hace poco tenía diálogo con ella, pero hoy es imposible”.
Recordó que Fernández sigue programando eventos para el año que viene, incluso después del tiempo en el que vencería en su mandato, lo que “es una falta de respeto hacia el adulto mayor”. Recalcó que en el decreto se expone que “se debe tener en cuenta que la intervención es una medida excepcional, con criterio restrictivo y por tiempo limitado para normalizar a institución que debe ser gobernada por sus propios órganos”.
Recordó que en la última reunión de delegados, entregó copias sobre lo que establecía el decreto firmado por el Gobernador y que “muchos se sorprendían, lo que muestra que ella esconde las cosas”. “No quiero dirigirme a la interventora, sino al señor Gobernador, porque ella engaña a la gente diciendo que espera a que el Dr. Valdés llame a elecciones, pero en ese último decreto es categórico”.
Recalcó que se establece que “tiene un plazo de 60 días para presentar un informe de situación y a los 90 días llamar a elecciones, bajo apercibimiento de remoción”. “Con todo respeto al Dr. Gustavo Valdés, le pido que exija el cumplimiento del decreto que firmó usted como Gobernador y el Dr. Quintana”, manifestó.
Una de las cuestiones que denunció Franco es que “se renovó la camioneta porque la anterior quedo destruida por el accidente, pero ahora se usa de forma particular y sin el logo de la institución en la puerta”. Agregó que “también preocupa el acoso laboral al personal, ya que echaron a la abogada y hay otra persona que está sintiendo el filo de la cuchilla”. “Que ella no se olvide que esta persona que está amenazando, causando un acoso laboral, le trajo a la institución mil socios nuevos en un año”.
Apuntó, finalmente, que “un delegado del interior, Hugo Carlino, de Monte Caseros, se animó a mostrar la cuestión del decreto y el resultado fue que se volvió sin el cheque de la coparticipación”. Dijo que “hay otras delegaciones que dicen que no le mandan los fondos, entonces no cumplen con los deberes esenciales, pero organizan fiestas”.
