[dropcap]L[/dropcap]a iniciativa será puesta a consideración de los legisladores que integran las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Presupuesto y Hacienda, Coparticipación Federal de Impuestos y Economía Nacional.
La intención de los senadores es continuar con el debate el miércoles y ese día firmar el dictamen, debido a que el objetivo del oficialismo es debatir el proyecto en el recinto de la Cámara alta siete días después: el 29 de junio.
La Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y de Blanqueo de Capitales fue aprobada en la madrugada del jueves por la Cámara de Diputados, tras doce horas de debate, con 162 votos a favor, aportados por el interbloque Cambiemos, el Frente Renovador, el bloque Justicialista, el Frente Cívico de Santiago del Estero, Juntos por una Argentina (ex massistas) y unos pocos del Frente para la Victoria; y 76 en contra.
La propuesta promueve la declaración de la emergencia en los casos de litigiosidad previsional que permitirá al Ejecutivo firmar acuerdos con los jubilados para pagarle los juicios que iniciaron por la mala liquidación de sus haberes, que serán financiados en parte con los fondos que ingresen por el blanqueo de capitales.
Además se prevé la actualización de los haberes y se impulsa la creación de la pensión a la vejez para mayores de 65 años, que se pagarán con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.
La propuesta también obtuvo el apoyo de los gobernadores tras la firma del acuerdo para devolverles el 15 por ciento de la coparticipación que desde 1992 se retenía para financiar el sistema previsional.
El proyecto de ley también contempla un beneficio para los trabajadores de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias que no están alcanzados por Bienes Personales para que queden exceptuados del pago de Ganancias en el medio aguinaldo de junio.
La iniciativa promovida por el Poder Ejecutivo registró alrededor de veinte modificaciones respecto al texto original que llegó a la Cámara baja.
Uno de los cambios fundamentales se produjo luego de la detención del ex secretario de Obras Públicas de los gobiernos kirchneristas, José López, para excluir del blanqueo de capitales a los familiares directos de los funcionarios públicos y a los integrantes del Parlasur.
Se suman así a los ya excluidos jefe y vicejefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernadores, intendentes y funcionarios nacionales, provinciales y municipales de los tres poderes del Estado.
El esquema prevé que no tributarán ningún tipo de alícuota quienes blanqueen divisas o propiedades por un valor equivalente a 305.000 pesos. En tanto, pagarán un arancel del 5 por ciento quienes blanqueen la compra de inmuebles y capitales por un valor equivalente hasta 800.000 pesos y del 10 por ciento para los montos mayores. Porcentaje que trepa al 15 por ciento a partir del 1 de enero próximo, tras el cierre de la primera etapa del blanqueo.
Entre otros puntos, el proyecto establece que el programa de reparación para jubilados y pensionados sea optativo, apuntando a un tercio de los jubilados (casi dos millones y medio).
Podrán participar aquellos que tienen una sentencia firme favorable en juicios contra el Estado por haberes mal calculados, quienes iniciaron juicios pero aún no obtuvieron fallo y quienes no hicieron juicio, pero se les reconocen haberes mal calculados. Aquellos con sentencia firme que opten por este programa cobrarán el 50 por ciento de la deuda en el primer mes y el resto en doce cuotas trimestrales.
El financiamiento del programa se hará con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En ese marco se habilitará al Estado a vender de manera parcial las acciones de empresas privadas que posee en su poder la Anses.
El proyecto también incluye la Pensión Universal para la Vejez que supone el ochenta por ciento del haber mínimo jubilatorio y que será a partir de los 60 años para las mujeres y de los 65 para los hombres, entre otras cuestiones.
