La fórmula previsional que impulsó el Gobierno a fines de 2020 tuvo un pésimo debut el año pasado. La aceleración de la inflación y el rebote de la economía hizo que el gasto en jubilaciones y pensiones con relación al producto bruto (PBI) fuera el menor desde 2015, cuando fue el último año de gestión de la vicepresidenta Cristina Kirchner. En concreto, las erogaciones del Estado a este segmento cayeron 5,3% en términos reales (descontada la inflación) el año pasado en comparación con el anterior, según datos de la consultora Econviews.
El ajuste previsional compensó el aumento en subsidios económicos destinados a la energía y al transporte, que el año pasado aumentaron 34% en términos reales, según la consultora LCG, por la decisión del Gobierno de mantener prácticamente congeladas las tarifas de gas, electricidad, colectivos y trenes. Los subsidios a la energía representaron un 2,4% del PBI, mientras que el transporte significó el 0,6% restante.
“El ahorro de jubilaciones en términos de PBI fue tres veces lo que aumentaron los subsidios. Las jubilaciones y pensiones pasaron de 9,51% del PBI, en 2020, a 8,01% en 2021. La diferencia de 1,5% del PBI se explica porque creció mucho el producto [la economía pasó de una contracción de 9,9% a un crecimiento aproximado del mismo índole]. Sin embargo, cuando se compara con los subsidios medidos también en relación con el producto, pasaron de 2,55% a 3%; subieron medio punto del PBI”, dice Andrés Borenstein, economista asociado de Econviews.
La caída fuerte de las transferencias a jubilaciones y pensiones se explica principalmente por la aceleración en la inflación, que pasó de 36,1% en 2020 a 51,9% el año pasado. Si bien la baja en el gasto previsional ocurrió en la primera parte del año y se recuperó en la segunda mitad, las transferencias totales subieron solo 41,91% en 2021.
“El año pasado hubo un cambio de prioridades en el gasto del Estado: aumentaron las transferencias en subsidios económicos y cayeron las destinadas a jubilaciones y pensiones contributivas. Una cosa ayudó a compensar la otra”, indicó Gabriel Caamaño, socio gerente de la consultora Ledesma.
En concreto, el Ministerio de Economía publicó el resultado fiscal ayer y detalló un déficit total de 3% del producto. “Si descontamos el gasto Covid, el gasto total terminó muy parecido al del año anterior, que a su vez fue mucho más alto que el de 2019″, explica Caamaño.
El Gobierno había destinado 3,5% del PBI en transferencias para paliar los efectos de la pandemia en 2020, mientras que eso se redujo a 1% del producto el año pasado.
“Para este año, no hay muchas perspectivas de que los subsidios económicos vayan a bajar; de hecho, los más optimistas hablan de que se mantendrían igual. El gasto en jubilaciones, en tanto, si la inflación se sigue acelerando, bajará de nuevo un poco, pero no será tan fuerte como el año pasado, no compensará la suba en subsidios a la energía. Es un tema complicado de cara a la consolidación fiscal”, indicó Caamaño.
Las proyecciones sobre las cuentas del Estado cobran relevancia en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El ministro de Economía, Martín Guzmán, ya anticipó que el sendero de ordenamiento de las cuentas fiscales es la principal diferencia con el organismo. Para el funcionario, la Argentina debería realizar un ajuste gradual que consiste en llegar al equilibrio fiscal en 2027. El FMI, generalmente, suele pedir obtener equilibrio fiscal entre dos o tres años después de firmado el acuerdo.
“La mejora fiscal del déficit, que se redujo de 6,37% del PBI a 3,04% el año pasado, se produjo por cuatro factores, de los cuales tres fueron dolorosos. El único no doloroso fue el crecimiento de la economía, que generó mayores ingresos. Después hubo inflación alta, que licuó los gastos (sobre todo el de las jubilaciones); hubo suba de impuestos, como el de la riqueza que sacaron de la galera y los mayores ingresos por retenciones a raíz de los altísimos precios agrícolas, y hubo menos gasto covid”, dice Borenstein.
Para este año, la reducción del gasto dependerá en parte de la inflación, donde los analistas proyectan que podría ser desde 51% a 60%. La disparidad se explica por la incertidumbre acerca de las negociaciones con el FMI, que generan presión sobre las reservas del Banco Central y las posibilidades de mantener controlado el dólar oficial.
Una manera de reducir el gasto fiscal, más allá de la alternativa de subir tarifas para bajar los subsidios económicos, sería restringir las transferencias a las provincias, que son discrecionales. “Si los gobernadores empiezan a subir impuestos, podría ser una forma del Gobierno de bajar el gasto. Junto con las menores exigencias de la pandemia, podría ayudar a ahorrar unas décimas del gasto y llegar al 2,5 o 2,7% del PBI. Si bien no es mucho, lo importante es generar una tendencia a la baja de déficit”, explica Borenstein.
Por el lado de los ingresos, los analistas creen que los altísimos precios de los commodities que se vieron el año pasado no se van a repetir esta temporada. El economista Nadín Argañaraz dice que “si durante 2021 hubiesen estado vigentes los precios del año 2020, el saldo comercial hubiese sido de US$6860 millones, en vez de los US$14.750 millones que se alcanzó; es decir, que la mejora en los precios tuvo un efecto neto de US$7890 millones”.
Actualmente, la tonelada de soja vale US$510, que si bien es un precio alto, para esta época del año estaba en US$525 en 2021. “Los precios no se van a desplomar, pero no será un factor que haga crecer los ingresos; a lo mejor los tira para abajo, porque los bancos centrales están subiendo la tasa de interés, pero la discusión es cuánto menos, porque tampoco se espera una buena cosecha en la Argentina”, concluye Caamaño.
Por Sofía Diamante, para La Nación
