El reciente proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados, que establece un aumento del 7,2% en los haberes previsionales y eleva el bono mensual a $110.000, fui rápidamente tildado de “irresponsabilidad fiscal” por parte del Gobierno Nacional. Sin embargo, cuando se analizan con rigurosidad los números y el contexto, se hace evidente que estamos ante una medida de reparación básica y perfectamente financiable, no ante una amenaza al equilibrio presupuestario.
¿Cuánto cobran hoy los jubilados?
Desde junio de 2025, la jubilación mínima asciende a $304.723,93, cifra a la que se suma un bono de $70.000, elevando el haber real a $374.723,93. La Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM), por su parte, alcanza los $243.779,14 más el mismo bono, llegando a $313.779,14. La jubilación máxima se ubica en $2.050.503,62.
Con la nueva fórmula aprobada por Diputados, se aplica un 7,2% de aumento sobre los haberes base y se eleva el bono a $110.000. De esta manera, los ingresos totales quedarían así:
Jubilación mínima total: $436.648,01
PUAM total: $371.330,24
Jubilación máxima total: $2.197.140,00
Esta mejora no es desmedida ni extravagante: representa apenas una recomposición parcial frente a la inflación acumulada, que superó el 200% interanual. Es decir, los jubilados siguen perdiendo contra la inflación, incluso con este aumento.
¿Cuánto cuesta esta mejora?
Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y del propio Ministerio de Economía:
El aumento del bono a $110.000 representa un costo fiscal de solo 0,26% del PBI.
El aumento del 7,2% en haberes implica 0,20% del PBI en 2025 y 0,42% en 2026.
El costo total del proyecto ronda el 0,7% del PBI.
Este nivel de inversión pública no representa una amenaza al equilibrio fiscal, mucho menos en un país que ha reducido drásticamente su gasto en áreas esenciales. Para ponerlo en contexto: es menos del 20% de lo que representa la evasión fiscal estimada en la economía argentina cada año.
¿Quién se lleva la mayor parte del presupuesto previsional?
En septiembre del año pasado en Mendoza, se realizó el 1° Wordshop de Gerontoprevisión, donde se analizaron diversas cuestiones y una de ella fue, lo complejo del sistema previsional argentino. Porque entre, los aspectos que suele omitirse en el debate público es la estructura fragmentada e inequitativa del sistema previsional argentino. Hoy coexisten más de 200 regímenes jubilatorios en todo el país, entre nacionales, provinciales y especiales. Muchos de ellos fueron diseñados para sectores específicos —como magistrados, diplomáticos, docentes universitarios, fuerzas armadas, entre otros— y establecen condiciones diferenciales, como menor edad jubilatoria, aportes más bajos o haberes iniciales muy por encima del promedio general.
Según informes del propio Ministerio de Economía, alrededor del 50% del gasto previsional total se destina a estos regímenes especiales, que benefician a una minoría dentro del sistema. Mientras tanto, el otro 50% se distribuye entre millones de personas que accedieron a la jubilación mínima tras décadas de trabajo informal, aportes interrumpidos o ingreso a través de moratorias. Es decir, la inequidad está adentro del propio sistema previsional, y no se resuelve ajustando a los que menos tienen, sino corrigiendo las asimetrías que lo hacen insostenible.
Este punto, habitualmente ignorado en los discursos del “déficit cero”, debería ser parte del debate urgente. Discutir seriamente el costo fiscal del sistema previsional implica poner sobre la mesa no solo cuánto se gasta, sino a quiénes se destina ese gasto, en qué condiciones, y con qué criterios de justicia y sostenibilidad.
Hipocresías que duelen más que el ajuste
Resulta inevitable advertir cierta hipocresía en los discursos de algunos bloques opositores que hoy se erigen como defensores de los jubilados, pero que en gestiones anteriores apoyaron o permitieron medidas profundamente regresivas. Gobiernos que no pagaron sentencias firmes a jubilados, que modificaron fórmulas de movilidad de manera discrecional para licuar haberes, que vetaron el 82% móvil, que impulsaron moratorias sin respaldo financiero ni sustentabilidad, que usaron el Fondo de Garantía de Sustentabilidad como caja, e incluso promovieron su vaciamiento, hoy exigen salen a las calles a solidarizarse con los jubilados y pensionados, como si no tuvieran pasado. La memoria también es un derecho de las personas mayores. Y el oportunismo político no debería tapar las cicatrices que dejaron en millones de jubilados, que fueron sistemáticamente postergadas.
Déficit cero, pero ¿a qué costo?
El argumento del “déficit cero” pierde legitimidad cuando se aplica de forma selectiva y regresiva. Mientras se sostienen exenciones impositivas a sectores concentrados y se incrementan partidas para el pago de deuda, se condena a millones de jubilados a sobrevivir con ingresos que no alcanzan la canasta básica. Según el último relevamiento de la Defensoría de la Tercera Edad, la canasta básica para personas mayores ronda los $475.000. Aun con el aumento, la jubilación mínima sigue debajo de ese umbral.
¿Es responsable negar ese aumento? ¿Es justo?
La seguridad social no es gasto: es un derecho
Argentina cuenta con una Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores con jerarquía constitucional. Esta convención obliga al Estado a garantizar ingresos dignos y adecuados. Negar este aumento no es solo una decisión presupuestaria, es una violación a los derechos humanos de más de 7 millones de jubilados y pensionados.
Conclusión: el costo de no aumentar es mayor
El verdadero “déficit” que debería preocuparnos no es el fiscal, sino el déficit social, ético y humanitario. Negar una recomposición mínima y progresiva de los ingresos jubilatorios en un país donde el 70% de los adultos mayores dependen exclusivamente de su jubilación para subsistir, es una forma de violencia económica.
El Congreso dio un paso hacia la justicia previsional. Ahora el Senado debe sostener esa decisión, y el Poder Ejecutivo debería reflexionar antes de vetarla: no hay equilibrio fiscal sostenible sobre la base del hambre de los mayores.
Fuentes: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_05_25323C8BC5C3.pdf
