El mes pasado, la Provincia volvió a prorrogar la intervención por seis meses. Denuncian supuestas irregularidades de la administración.
El largo periplo en el que se convirtió la intervención del Centro de Jubilados de Corrientes continúa. Es por eso que asesores legales de diversos espacios internos cuestionaron la nueva prórroga por 180 días, firmada el 21 de octubre pasado, y pidieron que se cumpla con lo estipulado: convocar a elecciones.
El gobernador Gustavo Valdés, en esta nueva prórroga de la intervención, que inició el 11 de octubre de 2016, ratificó en el cargo a Julia Fernández, y determinó que, en el término de 60 días, debe producir un informe sobre el estado económico financiero e institucional del Centro, además de convocar a la Asamblea General de Asociados en el plazo de 90 días para la conformación de las autoridades definitivas bajo apercibimiento de remoción. El documento lleva, además de la firma del Mandatario, la del Ministro de Justicia Buenaventura Duarte.
Los abogados Silvia Palacios, Miguel Zaracho y Ana María Maciel, expresaron a época que “las prorrogas son sin justificación, teniendo en cuenta que estamos ante una asociación civil sin fines de lucro que debe ser manejada por sus propios socios”. “La función siempre debió ser normalizar la institución, pero se efectuaron actos que empeoraron la situación financiera” y “dilapidaron el dinero en fiestas y eventos costosos, como la presencia de delegaciones del exterior que fueron solventadas por el Centro, mientras las delegaciones del interior reciben el 50% menos de las coparticipaciones que les corresponden para ofrecer los servicios mínimos”.
En otro tramo, se preguntaron: “Si tanto le preocupa la normalización ¿cuál es la razón para trabar el juicio de nulidad de contrato, tendiente a la recuperación de los lotes del Perichón (que pertenecen a la institución), que hasta el día de la fecha siguen en poder de la familia Zambrano”. “La excusa es no pagar los gastos judiciales que demanda la continuidad del proceso, entre los que se encuentran los honorarios del profesional que interviene en el presente, perdiendo absoluto contacto sin siquiera removerlo y designando un nuevo representante”. “Se jacta de incrementar la cantidad de socios, pero no menciona las bajas que se presentan a diario, principalmente en el interior ‘cansados del manoseo de la intervención hacia los delegados, muchos de los cuales fueron removidos, colocando en su reemplazo personas que no cumplen con los requisitos necesarios, como ser jubilados”, finaliza el comunicado. Se contabilizan hasta el momento ocho delegados echados por la intervención actual, entre ellos el de Goya y Monte Caseros.
En septiembre, se enviaron notas dirigidas al Ministerio de Desarrollo Social y, en paralelo, la situación de intervención fue expuesta en el Encuentro Nacional de Adultos Mayores realizado en Santa Fe. Lamentablemente, por ahora, las urnas siguen guardadas y está en manos de Fernández que las cosas sean diferentes. Los anteriores decretos oficiales también hablaban de remoción, en caso de no cumplir con lo allí estipulado, pero desde las huestes oficiales les prometieron que “esta será la última prórroga”.
