La presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Chaco, Iride Isabel María Grillo participó de una charla abierta a la comunidad en la que se abordaron las medidas de protección de las personas adultas mayores en tiempos de pandemia, transmitida de manera virtual a través de la fan page del Centro de Estudios Judiciales, organizador de la actividad.
La charla contó con la intervención de Alicia Alcalá, defensora General, y las exposiciones de Mariana Alcalá, secretaria de la Defensoría General, María Gabriela Rosello, defensora civil de Resistencia; Cristina Aboitiz, titular de la subsecretaría de personas adultas mayores del gobierno provincial; Rubén Acosta, vicepresidente del consejo provincial, y representante del Consejo Federal de adultos mayores de la Argentina; Elizabet González, coordinadora Integral de las Actividades Judiciales con los Pueblos Indígenas, junto al asesor de esa coordinación, Daniel Escalante.
Apertura
En la apertura, Grillo aseguró la plena “disponibilidad del Poder Judicial” y pidió que “nos sientan cerca en términos de accesibilidad real y sobre todo, de revisión de conductas, omisiones que, por las debilidades humanas que tenemos, muchas veces hacen que no lleguemos a dar respuestas”. En tal sentido, afirmó: “La voluntad y el compromiso están”, y señaló que el aislamiento obliga a “pensar maneras de restablecer la comunicación”.
Luego señaló que la cuestión de nuestros y nuestras adultos mayores “es una clara expresión de afectación a los Derechos Humanos en democracia”; y planteó la necesidad de articulación entre “Poder Judicial, Poder Ejecutivo, otras organizaciones que integran nuestras autoridades constituidas y el acompañamiento activo de la sociedad civil, sin la cual no es posible hablar de una democracia abierta y participativa”. Al respecto aseveró que son las organizaciones sociales, “nuestra ciudadanía, la que nos marca qué estamos haciendo bien y qué no”.
Marcó que, en virtud del compromiso en relación con esta cuestión “tendiente a garantizar que los derechos Humanos se cumplan, si no lo hacemos, las responsabilidades internas e internacionales se nos vienen. Tenemos normas progresistas, que están a la vanguardia, y somos pioneros y pioneras desde la Argentina en estos temas es pionera, de lo que se trata es de hacerlos cumplir. Para eso estamos acá”.
Por último expresó “Mi profundo afecto y respeto a nuestros y nuestras personas adultas mayores a quienes debemos cuidar, pero no colocándonos y menos en pandemia, en situación de restricción de sus derechos, sino al contrario, garantizando que se cumplan”. “Sabemos muy bien lo que debemos y no debemos hacer”, concluyó.
Por su parte, Alcalá planteó su convicción de que “sólo con un trabajo articulado de todos los funcionarios y organismos que intervienen en la situación de las personas adultas mayores podemos obtener resultados positivos”.
Los disertantes
Mariana Alcalá realizó una síntesis de los puntos sustanciales de la convención interamericana sobre los derechos de las personas adultas mayores, que establece un serie de definiciones y alcance de esos derechos y define principios convencionales, como la promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, su valorización, su papel en la sociedad y su contribución al desarrollo, la dignidad, independencia, protagonismo y autonomía, además de la igualdad y no discriminación.
Luego, Cristina Aboitiz se refirió a las políticas implementadas desde la subsecretaría a su cargo, que realizó más de seis mil atenciones domiciliarias en Resistencia, al tiempo que informó que, en tiempos de pandemia, se triplicaron las denuncias mensuales por casos de abuso, discriminación y maltrato hacia personas adultas mayores.
Gabriela Rosello, detalló las tareas de la defensoría oficial en este tema, y los mecanismos previstos en la ley de protección de personas adultas mayores. “En nuestra intervención, el criterio es el respeto irrestricto a su autonomía y su derecho a la autodeterminación en estos procedimientos; evitar que el adulto mayor sea destinatario de restricciones de capacidad abusivas por el solo hecho de serlo”, sintetizó.
“En cuanto a la protección de derechos en tiempos de pandemia, nos hemos preocupado por mantenernos informados permanentemente del cumplimiento del protocolo preventivo por las autoridades competentes y las medidas de protección y prevención en las residencias de adultos mayores que son verdaderos espacios de complejidad en estos tiempos”, concluyó.
Elizabet González se refirió a la consideración especial que los pueblos indígenas le otorgan a las personas adultas mayores y a las tratativas que, desde su coordinación, se realizaron durante el período de cuarentena y aislamiento en estos casos. Mencionó a Alberto Nuñez, referente del pueblo Qom, “un guía espiritual de nuestros hermanos”.
Daniel Escalante, asesor de la coordinación de pueblos indígenas, coincidió al respecto al señalar que para los pueblos indígenas, “nuestros adultos mayores son nuestras bibliotecas vivientes, quienes guían nuestros pasos”.
Por último, Rubén Acosta realizó una breve intervención – interrumpida por dificultades de conexión- en la que se refirió a las cuestiones pendientes en el ámbito de las personas adultas mayores. Recordó que de los 7 millones de adultos mayores que hay en el país, el Chaco cuenta con 142 mil, y 500 institucionalizados.
Fuente: http://prensa.justiciachaco.gov.ar/
