Después de firmar el decreto que fija un bono de fin de año de $5.000 para los asalariados y un mecanismo para dilatar los despidos, el Gobierno deberá resolver ahora el pedido de un refuerzo similar para 11 millones de jubilaciones y planes sociales, afectados por la pérdida de poder adquisitivo.
Se trata de medidas que integran el amplio paquete de blindaje social con el que las autoridades apuntan a moderar el impacto del plan económico y contener la conflictividad social, que la semana pasada ya empezó a registrar un aumento por las paritarias y la carestía.
El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, solicitó a principios de la semana pasada al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y al de Hacienda, Nicolás Dujovne, un “urgente reajuste de emergencia” para 6,9 millones de jubilaciones y pensiones.
Por escrito, Semino les pidió una suma de $5.160 en tres cuotas sucesivas de $1.720, a pagarse en diciembre, enero y febrero. La idea es que no sea por única vez, sino que se incorpore al haber, de modo que sirva como base de cálculo para el incremento de marzo, fijado por la Ley de Movilidad.
“Los recursos en el sistema están para afrontar la erogación”, señaló en la carta el defensor, quien advirtió que “los jubilados no necesitan una dádiva para el pan dulce de fin de año, sino que se reconozcan efectiva y no discursivamente sus derechos”. De ese modo, apuntó al excedente de de la cartera del Fondo de Garantías de Sustentabilidad, que a fines de septiembre alcanzó $1.676.183 millones.
La movida cuenta con el respaldo del triunviro de la CGT, Héctor Daer, con quien Semino acordó impulsar en tándem sus reclamos.
“Hablé con Daer y está de acuerdo con la idea. La negociación de ellos sigue esta semana y van a incluir algo para los jubilados”, confirmó el representante de la tercera edad.
En el marco del diálogo con Sica, el sindicalista sumó además otros dos pedidos para los jubilados: el adelantamiento a diciembre del aumento previsto para marzo de 2019 (que llevaría el haber a $10.442) por la movilidad, y un bono alimentario por un valor cercano a los $5.000 reintegrable a través de las compras en supermercados, una propuesta que el Gobierno ya intentó aplicar sin éxito a través del descuento del IVA en los consumos con tarjeta.
Los reclamos apuntan a morigerar el impacto de la inflación sobre los haberes que, según los cálculos del defensor y la consultora ACM, perderán este año cerca de 20puntos porcentuales en su capacidad de compra.
Esto se debe a que la jubilación mínima en diciembre será de $9.300 (un 28% anual),una cifra por debajo de la canasta básica del jubilado medida por la defensoría, que llegará en ese mismo mes a $23.500.
La pérdida no solo se debe a la brecha creciente entre los ingresos y una inflación esperada superior al 40%: también hay que sumar el efecto “empalme” por el cambio de fórmula de reajuste entre septiembre de 2017 y marzo de 2018, producto de la reforma previsional.
En diciembre pasado, el Congreso aplicó una nueva fórmula compuesta en un 70% por la inflación del INDEC y un 30% por el salario promedio de los trabajadores registrados.
En su momento, el Gobierno aseguró que los cambios no impactarían en los ingresos. Pero al eliminar la recaudación tributaria de su base de cálculo y medir la inflación con un rezago de tres meses (efecto empalme), el mecanismo implementado trajo aparejado un deterioro en los haberes y las prestaciones sociales, algo que por estas horas y en voz baja reconocen las propias autoridades.
