El Centro de Jubilados de Corrientes permanece intervenido desde mayo de 2016. En octubre del año pasado hubo una nueva prórroga suscripta a través de un decreto por el gobernador Gustavo Valdés en el que se intima a la interventora Julia Fernández que, en el término de 60 días, produzca un informe sobre el estado económico financiero e institucional del centro en diciembre, algo que finalmente no sucedió.
En tanto el 21 de enero se debía realizar la Asamblea General de Asociados y convocar a elecciones para la renovación de autoridades. El nuevo incumplimiento motivó sendas notas dirigidas al Mandatario y al inspector de Personas Jurídicas Juan Carlos Noya.
La abogada y apoderada de la lista Juntos por un Cambio que pretende competir en los comicios, Ana María Maciel, consideró prudente que “si ya no se cumplió en anteriores oportunidades, se designe a otra persona para al menos llevar adelante el proceso electoral que es un derecho de todos los afiliados, elegir sus autoridades. Al no cumplirse con el decreto gubernamental se estipula la remoción del cargo de la interventora”, recordó.
“Realizar elecciones implican mucha responsabilidad, con personal idóneo y para las listas varios trámites, como por ejemplo la presentación de avales que se deben conseguir tanto en Capital como el interior”, expresó Maciel. En tanto permanece en el ámbito de la Justicia la denuncia sobre el contrato presuntamente irregular para la explotación de dos lotes en el Perichón a cargo de Pablo Zambrano, hijo de quien presidiera la entidad durante varios años. En dicho espacio destinado a los adultos mayores se emplazó una guardería de lanchas. “Esa irregularidad, se suma a las múltiples llevadas adelante por la actual interventora, que además despidió a 20 personas de la entidad”, finalizó.
