Este domingo, Vivir Plenamente estuvo dedicado a analizar los alcances de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, aprobada por el Congreso, que, entre otras decisiones, suspende la fórmula de cálculo de las jubilaciones por 180 días. Rubén Acosta comentó que este punto los tomó por sorpresa porque en época de campaña se prometió un aumento del 20 por ciento para los pasivos nacionales. Por su parte, Mirta Tundis defendió la medida, asegurando que en marzo y junio se otorgarán los aumentos; el Defensor del Pueblo de la Tercera Edad, Dr. Eugenio Semino sostuvo, marcó que “intentarán anular la resolución de la nueva Ley de Emergencia y soltó que esto “va a aumentar la litigiosidad”. Por su parte, el abogado Fernando Viera deslizó la posibilidad de que se desate una seguidilla de juicios contra el Estado.

“Que se cumpla con lo prometido”

Rubén Acosta, Vicepresidente del Consejo Federal de Adultos Mayores de la República Argentina, expresó su postura sobre la ley, recordando que “habla de muchas cosas pero un punto central es que afecta a los 7 millones de adultos mayores de la Argentina, que es el tema de los incrementos que se congelan”.  

Explicó que se elevó al Poder Ejecutivo un pedido el 16 de diciembre, después del segundo encuentro nacional de adultos mayores realizado en Guaymallén, Provincia de Mendoza, donde se trabajó sobre las premisas que eran la situación económica y la salud. “Nuestra posición es que se cumpla lo prometido en campaña por el actual Presidente, que dijo que ni bien asumía iba a otorgar 20 por ciento de aumento a los jubilados”, indicó.

Manifestó que “el Indec determinó que el haber de un jubilado debe ser de 37 mil pesos para estar sobre la línea de pobreza y nosotros pedimos un aumento del 80 por ciento, para que la mínima -con el cálculo de la jubilación que pasaba a $16 mil, suba a 30 mil pesos, que no llega pero era la esperanza de los 7 millones de adultos mayores”. Añadió que “todo jubilado gasta el 60 o 65 por ciento de su sueldo en medicamentos y algunos tienen que elegir entre comer o comprar remedios”.

“Todos van a tener sus aumentos en marzo y junio”

La legisladora del Frente Renovador, ex periodista especializada en temas previsionales, Mirta Tundis por su parte, defendió la ley argumentando que “estamos en un país pobre donde no hay dinero para hacer frente a las deudas que dejaron del Gobierno anterior”, haciendo referencia al mandato de Macri. Reconoció que “si bien no recibieron el mejor país, se comprometieron a mejorarlo, pero no solamente no lo hicieron, sino que lo empeoraron”.

Recalcó que “a ningún gobierno le gusta arrancar aplicando una ley de emergencia pero hay que entender que se hace en un país donde no hay dinero”. Sobre el tema de las jubilaciones, explicó que “no se suspende el aumento, se va a dar en marzo y junio, pero beneficiando más a los de más abajo y a los de arriba menos”. Recordó que se suspende la formula y mientras se va a trabajar en una nueva, donde no pierda el jubilado, pero si no se aprueba por el Congreso, se vuelve la anterior”.

Finalmente, pidió “que la población entienda que estamos en un país en crisis, quebrado y que Argentina es pobre a pesar de sus riquezas pero mal organizado y administrado”. “Vamos a salir adelante pero son medidas que hay que tomar”, cerró.

“Una ola de juicios contra el Estado”

 

El abogado y contador Fernando Viera, miembro del Estudio Jurídico Viera y asociados de la Ciudad de Córdoba se expresó sobre este tema en charla telefónica con Vivir Plenamente. Explicó que la ley de emergencia aprobada en el Senado “es una ley injusta porque suspende la movilidad, establece los aumentos de manera discrecional y se van a hacer de manera diferenciada en función de quienes tienen menor rango”.  

Por ello, expuso que “el principio de justicia que se viola es que, si bien los que aportaron más al sistema tienen más beneficios, se van a generar movilidades diferenciadas, lo que puede causar otra ola de juicios como en el caso Badaro”. Recordó que en este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sentó un precedente, se estableció una ley de movilidad para dar previsibilidad al sistema.  

Recalcó que “es una cuestión de caja” y que “el principal tema es la alta inflación y la poca sustentabilidad del sistema”. Recordó que existe un Fondo de Sustentabilidad y Garantía, que “se debe usar para estos casos, pero está lleno de títulos públicos que se encuentran por debajo de la inflación”. Agregó que “por estas cuestiones, toman medidas drásticas, lo que crea una situación que la justicia tendrá que subsanar porque en definitiva los platos rotos los pagan los más débiles”.

En su rol de contador, explicó que “lo principal es reactivar la economía para generar empleo en blanco y genuino”. Reclamó que “hay que crear un plan que traspase a varias generaciones, en el que no se usen los fondos de los jubilados para financiarse y, si se hace, se pueda mantener el fondo pero tiene que ser un sistema que sea sustentable en el tiempo”.

“Vamos a pedir la inconstitucionalidad del congelamiento”

Eugenio Semino habló sobre los efectos que pueden tener en los jubilados las nuevas legislaciones y sostuvo que: “Todo lo que hace esta mega ley referido a la previsión social es absolutamente confuso. Creo que hasta los propios legisladores no tienen idea de lo que se votó”.

“Desde hace unos años a esta parte se achataron las escalas. Recién en el 2008 hubo por primera vez una fórmula jubilatoria”, explicó el defensor del pueblo de la tercera edad y disparó que “Mauricio Macri hizo una fórmula que le robó un trimestre a los jubilados”.

En lo que hace al futuro, profundizó que “vamos a pedir la inconsistucionalidad del congelamiento en los haberes. La ley vigente ya tuvo efectos sobre los aumentos que van a darse este año y eso no puede cancelarse. El ajuste que ya fue decidido es un derecho adquirido”.

“Esta decisión va a aumentar la litigiosidad y muchos jubilados van a morir esperando una resolución”, complementó en charla con Néstor Espósito y sostuvo en cuanto a las diferencias de los haberes que “el que gana una jubilación más importante no es un privilegiado, sino que aportó más dinero durante su vida laboral”.

Por último destacó que “entre el gobierno de Cristina Kirchner y Mauricio Macri destruyeron el fondo de garantía de sustentabilidad. Usaron esos fondos para financiar gastos y ni un peso de eso fue para los jubilados”.