El proyecto de ley de Solidaridad y Reactivación Productiva que presentó el ministro de Economía, Martín Guzmán, afectará los haberes de los jubilados, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los trabajadores que cobran asignaciones familiares.
Por un lado, tal como se adelantó, los jubilados que cobren la mínima y los titulares de pensiones no contributivas cobrarán dos bonos de 5000 pesos cada uno, este mes y en enero. Además, habría aumentos trimestrales que definirá el Poder Ejecutivo.
Además, el ministro dio a entender que el incremento será proporcional para los haberes más altos. “Alcanza a quienes percibe el mínimo (los $5000), respetando las escalas; quien percibe un poco más cobra algo para que la escala (salarial) no se modifique”, sostuvo Guzmán.
Así, cobrarán los 5000 pesos los aproximadamente 3 millones de jubilados que cobran la mínima, de $14.068 pesos. También percibirían esa misma cifra los titulares de pensiones no contributivas y de la Pensión Universal por Adulto Mayor (PUAM), actualmente en $11.254 de haber.
Y, a partir de la mínima, los $5000 se irían reduciendo para alcanzar a todos los jubilados que ganen hasta $19.068 (es decir, la mínima más el bono). De esta manera, por ejemplo, un jubilado con un haber de $17.068 cobrará dos bonos de 2000 pesos. Un jubilado con $19.000 de haber percibiría 68 pesos adicionales.
Los titulares de AUH, en tanto, cobrarán 2000 pesos en diciembre, como bono por única vez.
La ley de movilidad, en suspenso
El proyecto de ley de emergencia pide al Congreso suspender por seis meses la aplicación de la ley de movilidad que rije para actualizar cada tres meses jubilaciones, AUH y asignaciones familiares.
“Durante el plazo previsto, el Poder Ejecutivo deberá fijar trimestralemente el incremento de los haberes previsionales de la totalidad de los regímenes bajo su administración, atendiendo prioritariamente a los sectores de más bajos ingresos”, dispone el artículo 52 del proyecto.
A fines de 2017, y en medio de protestas, el Congreso cambió la ley de movilidad. La ley que impulsó el expresidente Mauricio Macri modificó la fórmula de actualización, que se regía por la evolución de la recaudación y el índice de salarios en partes iguales, por otra que ató los haberes a la inflación (70%) y los salarios (30%). En ese entonces, además, se cambió el aumento semestral por una actualización trimestral, con seis meses de rezago. Pero entre el cambio de una fórmula a otra, el Estado se “comió” un trimestre de actualización. Así, “ahorró” dinero que debió haber ido a los bolsillos de jubilados, titulares de AUH y trabajadores que cobran Asignaciones Familiares.
“En el único año en que la economía creció, no se compartió ese crecimiento con los jubilados”, argumentó Guzmán. “Ahora tenemos un sistema que necesitamos cambiar, porque no funciona”.
La fórmula actual resiente las arcas fiscales. Como corre con la inflación pasada, en momentos en que la recaudación baja por la recesión.
En 2018, primer año en el que la nueva fórmula se aplicó plenamente, los haberes subieron apenas 28,5%, con una inflación que totalizó 47,6 por ciento.
En 2019, la pérdida de poder adquisitivo no fue tan grande: los haberes se ajustaron 51,1%, mientras que se estima que los precios terminarán en el orden del 55% anual.
No está claro de qué manera el Estado dará los ajustes trimestrales hasta que defina la nueva fórmula. Según la ley actual, los haberes deben subir 11,54% en marzo. La habilitación de sumas fijas, por ejemplo, achatarían la pirámide y resentirían los ingresos de los haberes más altos. Como referencia, según la Anses, la jubilación mínima es de $14.068 y el haber promedio es de $21.855.
